ANTONIO JOSÉ MONAGAS :
Diálogo ¿sin forma ni fondo?

El mejor uso que puede hacerse con la palabra, no siempre es permanecer callado. Aunque se ha reconocido que también el silencio puede equivalerse a una opinión. Sin embargo, en política todo es diferente. Ahí, la palabra es cimiento de significativas construcciones. No sólo de templos para exaltar libertades y valores. También de prisiones para someter y así reducir el ímpetu propio de protestas por la creciente injusticia del opresor. Igualmente de patíbulos administrados por indolentes mecanismos de poder.

Ante el caso de inédita condición que vive Venezuela, particularmente desde el 20 mayo de 2018, a consecuencia de la grotesca y arbitraria forma de la cual se valió el entonces presidente de la República para enquistarse en el poder, resultará interesante analizar algunas razones que condicionaron los problemas de gobernabilidad que dieron al traste los objetivos considerados como parte de la oferta político-electoral. Oferta ésta que sólo sirvió para armar la alharaca propia de dichos procesos políticos a nombre del contrariado socialismo del siglo XXI.

A estos efectos, vale referir que los susodichos problemas de gobernabilidad se suscitaron en el marco de una gestión gubernamental que ha pretendido actuar de manera unilateral. Como si sólo sus afectos y correligionarios representaran al único actor político con derecho a intervenir en el proceso de elaboración y toma de decisiones que orienta el ejercicio de la política nacional. O sea, a desdén de lo que la Constitución Nacional, entre los principios que fundamentan el “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”, llama a actuar apegado al concepto de “pluralismo político”.

Esas divergencias marcaron y suscitaron serios problemas. Aunque de viable solución. Más, vista la importancia que en toda relación política entre adversarios, corresponde a la necesidad de entablar canales de comunicación e información hacia adentro y hacia afuera. Es decir, en su entorno y en su contorno. Así se hace posible llegar a acuerdos que benefician las partes bajo diferencias.

Los problemas que comenzaron a evidenciarse bajo el debutante régimen militarista, en 2003, dieron algunos frutos. Para entonces, se alcanzó un relativo acuerdo de cooperación que en un primer momento se advirtió favorable a las partes. No obstante, sus alcances fueron fugaces. Ello fue caldo de cultivo de problemas que vinieron acumulándose. Tanto así, que se embutieron como elementos de la forjada institucionalidad que fraguó su ideario político que hicieron de él, un primer Plan de la Patria.

 

Fue así como dicho desarreglo fungió de escenario para actuar en consonancia con algo parecido a una Ley de la Selva que favoreció un craso desorden. Incluso, enmoheció el texto constitucional. En medio de esa situación, se originaron agudas diferencias para lo cual no sirvió ninguna de las intenciones de diálogo repetidas en 2014, 2016 y 2018. Ninguno de esos acercamientos entre oposición democrática y gobierno central, funcionó. No sólo porque dichos diálogos estuvieron rodeados de desconfianza y falta de credibilidad. Sobre todo, por la carencia de voluntad necesaria para lograr cuajar propuestas gubernamentales. Aunque en el fondo, fueron disfrazadas de amplias e igualitarias.

Sin embargo, las mismas no fueron suficientes para disipar el sabor de fracaso y pérdida de tiempo y recursos que dichos diálogos o sus intenciones, provocaron. Más, en un terreno abonado por distintas rupturas del hilo constitucional (2007, 2012, 2018) protagonizadas por el autoritarismo hegemónico que vino ejerciéndose. Fueron todas insurrecciones taponeadas con el concurso del Tribunal Supremo de Justicia, del Poder Ciudadano y del Poder Electoral. Aunque luego del 20 mayo 2018 tal hecho se admitió públicamente con el abierto fraude político-electoral cometido. Así se hizo con el único objetivo de colocar nuevamente al entonces Jefe de Estado, en el cargo de presidente de la República. Así ocurrió, a sabiendas que todo constituía un acto de encubierta usurpación y de abierta provocación a la institucionalidad democrática. Pero la terquedad pudo más que el peso de una conciencia que pondere responsabilidades con deberes civilistas.

Hoy, Venezuela está sumida en un conflicto de desconocidas consecuencias. Justamente, por lo inédito del comportamiento asumido por instancias de poder político nacional. El paralelismo de un Estado confundido y enmarañado, se revela en dos tribunales supremos, dos fiscalías, dos asambleas nacionales, dos cancillerías y hasta dos presidencias. El país se encharcó en criterios políticos sustentados por interpretaciones jurídicas que, aunque interesantes, no sirven de soporte a la solución de la crisis. La salida es eminentemente, política. Y hasta que el régimen militarista no comprenda eso, tanto como el desconocimiento del principio constitucional de “alternancia” en el poder (Artículo 6), el caos podrá llegar a niveles de inminente peligro para la idoneidad política, el equilibrio económico y la prosperidad social de la nación.

Si bien el canal de entendimiento se supedita al diálogo entre las partes en conflicto, debe reconocerse que cada día las variables de cambio se incrementan. Además de enrarecerse las existentes. Sin duda que el conflicto presente, es bastante complicado, intrigante, y sin límite de tiempo. Ojalá, el apremio de una negociación pueda significar la urgencia de un diálogo profundo, responsable, exhaustivo y digno del ejercicio democrático de la voluntad popular. Pero que no se repitan diálogos entendidos por el régimen militarista, como mecanismos apaciguadores, de tipo paliativo, o de grosera manipulación. Solamente para ganar tiempo. Asimismo, una obligada y corrompida legitimidad. Entonces, que no vuelva a tenerse o contarse con diálogos de sordos. O un diálogo ¿sin forma ni fondo?