Carlos San Diego:
Tierras, éxodo y hampa

Se estima en más de un 70 por ciento ha disminuido la producción agropecuaria en la zona sur del estado Anzoátegui.

Los factores que inciden en esta baja son fáciles de enumerar, pero difíciles de resolver. Para resolverlos hay que unir un conjunto de fuerzas: Gobierno central, gremios de productores, comercializadores de productos, organismos de seguridad y comunidades organizadas.

Escasez de recurso humano para el campo es uno de estos factores. La mano de obra disponible prefiere irse del país, trabajar en las minas, comercializar de manera informal y en última instancia, ya sin el interés de hace al menos un año atrás, prestar servicios o chancear en la industria o empresas contratistas del sector energético que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Otro de los asuntos adversos es las dificultades para conseguir créditos e  insumos, maquinaria, fertilizantes, alimentos y transporte. Por una parte, falla el suministro a tiempo. Cuando llega, según lo planteado por gremios Fedeagro, se reparte dentro de un grupo “selecto”, y si se consigue es con un precio inaccesible para los trabajadores del campo. Reiteradas veces se ha denunciado que Agropatria se convirtió en un monopolio déspota contra el agricultor común y sencillo.  La maquinaria en manos de comunidades organizadas no es lo más rendidora que se desea y siempre hay desviaciones que favorecen a un grupito determinado, lo que muchas veces termina en diferencias que estropean las relaciones personales. Para conseguir créditos, la tramitación es agotadora. Unas cuantas veces ocurre que se aprueba, y ya ha pasado el ciclo apto para la siembra, por lo que el dinero se devalúa, mientras los intereses se mantienen activos.

Otro factor adversos se refleja como secuela de las expropiaciones y amenazas del ejecutivo nacional de ponerle la mano a propiedades que con todas las limitaciones eran  productivas, pero después de intervenidas por el gobierno, que las puso, primeramente en manos de cooperativas, luego empresas de producción social, después consejos comunales o comunidades organizadas, paralizándose al poco tiempo. Se acaba con lo poco que había. Después de todo un aparataje mediático y de supuestas millonarias inversiones, viene el abandono y la desidia. Lo que queda son pérdidas inauditables.

Por ejemplo, el fundo La Atascosa, a orillas del río Orinoco, en el municipio José Gregorio Monagas del estado Anzoátegui, fue expropiado. Mientras estuvo bajo la mano del gobierno, con resguardo de militares, su producción de carne y queso se estancó. Los mismo soldados del Ejército nacional, que quedaron allí de custodios, después que retiraron los tractores y toda la escena que sirvió de señuelo mediático el días oficial de la expropiación, poco a poco, para paliar la pena del hambre, fueron sacrificando reses para alimentarse en la soledad de la ribera. El fundo fue arruinado. No obstante, progresivamente, según información de algunos campesinos, ha comenzado a ser recuperado por sus dueños. El fracaso fue demasiado. No ha sido fácil la reactivación.   

Dentro de esta difícil tarea que le toca sortear a los productores del campo, que parece más un desafío existencial que un derecho a producir alimentos, un aspecto que ha crecido de manera alarmante, bestial, impune, es la delincuencia. El hampa que azota al campo venezolano. Una delincuencia común y vulgar y la otra delincuencia oficial, uniformada y con armas de reglamento.

El trabajador del campo ha preferido irse. Prefiere vender o abandonar fincas, predios y centros de producción antes que perder la vida, propia, de familiares o allegados a manos de extorsionadores, violadores, asaltantes, secuestradores, cobradores de vacuna o cuatreros. Una estructura delictual parásita. Un andamiaje miserable en el que se mueve la peor suerte que en todo el tiempo han tenido los agricultores. Donde los malhechores ya no sólo actúan con la amenaza o el amedrentamiento para obligar a pagar “vacuna”, sino que en la amenaza ya va incluido el paquete de la muerte. Pero a esta estructura, los productores no sólo la enfrentan en sus predios. También son víctimas de la delincuencia uniformada al movilizar la producción en alcabalas, peajes, puntos de control, donde deben dejar sin patalear y sin hacer comentarios “para que le vaya bien en su camino”, desde medio cartón de huevo, un queso hasta varias reses que después esa gente con uniforme pasará buscando, una vez sacrificada por la propiedad.. Si reclama por el abuso, hay respuestas sencillas, como: “Bueno, dejas eso aquí y te paso a fiscalía”. O “tranquilo, viejo, eso se estila en gobierno”.