Carlos San Diego:
La incierta jornada de los productores agropecuarios

Se estima en más de un 60 por ciento la disminución de la producción agropecuaria en la zona sur del estado Anzoátegui.
Los factores que inciden en esta baja son fáciles de enumerar, pero difíciles de resolver. Para resolverlos hay que unir un conjunto de voluntades: Gobierno central, gremios de productores, comercializadores de productos, organismos de seguridad y comunidades organizadas.
Escasez de mano de obra dispuesta a trabajar en el campo es uno de estos factores. La mano de obra disponible prefiere prestar servicios o chancear un mes en la industria o empresas contratistas del sector energético que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco, antes que meterle el pecho a la agricultura o cría de animales.
Otro de los asuntos adversos es las dificultades para conseguir créditos e insumos, maquinaria, fertilizantes, alimentos y transporte. Por una parte, falla el suministro a tiempo. Cuando llega, según algunas denuncias de los mismos productores, se reparte dentro de un grupo “selecto”, y si se consigue es con un precio inaccesible para el común de los trabajadores del campo que aún lidian por producir algo a expensas de su propia existencia. La maquinaria en manos de comunidades organizadas no es lo más rendidora que se desea. Siempre hay desviaciones que favorecen a un grupito determinado, lo que en ocasiones termina en diferencias que estropean las relaciones personales. Para conseguir créditos, la tramitación es engorrosa. Es un juego de agotamiento de la paciencia del productor. Unas cuantas veces ocurre que el apoyo es aprobado cuando está a punto de terminar el ciclo apto para la siembra, por lo que el dinero se devalúa, mientras los intereses se mantienen activos.
Otro factor adverso se refleja como secuela de las expropiaciones y amenazas del Ejecutivo Nacional de ponerle la mano a propiedades que con todas las limitaciones eran productivas, pero después de intervenidas por el gobierno, que las puso, primeramente en manos de cooperativas, luego empresas de producción social, después consejos comunales o comunidades organizadas, al poco tiempo se paralizan, se acaba con lo que había, y después de todo un aparataje mediático y de millonarias inversiones, viene el abandono, la desidia y pérdidas inauditables.
Por ejemplo, el fundo La Atascosa, a orillas del río Orinoco, en el municipio José Gregorio Monagas del estado Anzoátegui, fue expropiado y mientras estuvo bajo la mano del gobierno, con resguardo de militares se paralizó su producción de carne y queso. Al parecer, algunos soldados del ejército nacional, que quedaron allí de custodios, después que retiraron los tractores y toda la escena que sirvió de señuelo mediático, poco a poco, para paliar la pena del hambre, fueron sacrificando animales para alimentarse. El fundo fue arruinado. No obstante, progresivamente, según información de algunos campesinos de la zona, ha comenzado a ser recuperado por sus dueños, pero el fracaso fue demasiado que les ha costado la reactivación.
Dentro de esta difícil tarea que le toca sortear a los productores del campo, que parece más un desafío existencial que un derecho a producir alimentos, un aspecto que ha crecido de manera alarmante, bestial e impune, es la delincuencia que azota al campo venezolano. Una delincuencia común y vulgar y la otra delincuencia oficial, uniformada y con armas de reglamento.
El trabajador del campo ha preferido irse, vender o abandonar las fincas y centros de producción antes que perder la vida, propia, de familiares o allegados a manos de extorsionadores, violadores, asaltantes, secuestradores, cobradores de vacuna. Una estructura delictual parasitaria. Un andamiaje miserable y despiadado en el que se mueve la peor suerte que en todo el tiempo han tenido los agricultores. Los malhechores ya no sólo actúan con la amenaza o el amedrentamiento para obligar a pagar “vacuna”, sino que en la amenaza ya va incluido el paquete de la muerte. Pero a esta estructura, los productores no sólo la enfrentan en sus predios. También son víctimas de la delincuencia uniformada, una especie de raterismo vial, ante el cual, al movilizar la producción y pasar por alcabalas, peajes, puntos de control, donde deben dejar sin patalear y sin hacer comentarios “para que le vaya bien en su destino”, desde una docena de mazorcas de maíz, dos tortas de cazabe, tres patillas, medio cartón de huevo, un queso hasta una vaca. Si reclama por el abuso, hay una respuesta sencilla: Eso se estila en gobierno.