Trino Márquez:
Naufragio en Dominicana

Las discusiones en República Dominicana han resultado tan complicadas y ha sido imposible llegar a acuerdos sobre el tema clave, las condiciones electorales, porque el régimen de Nicolás Maduro decidió ignorar la opinión nacional y desafiar la comunidad internacional, que no aprueba que en Venezuela, principal potencia petrolera del hemisferio, se entronice una dictadura totalitaria, alineada con los países más autoritarios del planeta: China, Rusia, Bielorrusia, Turquía, Irán y Cuba. Nicaragua no entra en esa lista, porque es insignificante; y con el atolondrado de Corea del Norte ningún país desea asociarse.
Maduro y sus aliados están convencidos de que perderían por paliza unos comicios en los cuales se cumplan las condiciones establecidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), aprobada en 2009, en plena apoteosis de la hegemonía chavista, cuando el Comandante gobernaba a sus anchas, sin contrapesos de ninguna naturaleza, pues mantenía el control absoluto de la Asamblea Nacional. Quienes redactaron ese instrumento fueron personas allegadas al jefe supremo, y quienes lo sancionaron en Cámara plena fueron sus incondicionales diputados. Ningún adversario estuvo presente en esa sesión. Maduro no puede alegar que la LOPRE constituye una trampa de la oposición, del imperialismo o de algún otro de esos enemigos imaginarios que inventa para justificar sus entuertos y desafueros. Esa ley no ha sido reformada por la legislatura instalada en enero de 2016, en la cual la oposición cuenta con dos tercios de los diputados. Lo único que pide la Mesa de la Unidad Democrática es que se aplique la ley sancionada de forma casi unánime por el oficialismo.
El régimen evade sujetarse a la LOPRE porque lo que le parecía imposible en 2009, perder el poder por la vía electoral, hoy le luce inevitable. La paradoja consiste en que, obligado a realizar las elecciones presidenciales, cómo organizarlas de modo tal que asegure de antemano la victoria de Maduro. La respuesta es obvia: violando todas las normas, preceptos y condiciones que ellos mismos juraron respetar hace nueve años.
No aceptan auditar y depurar el Registro Electoral Permanente, no admiten la supervisión internacional, no permiten que los venezolanos que viven en el exterior voten, no acceden a eliminar los puntos rojos colocados cerca de los centros de votación el día de las elecciones, proscribieron la tarjeta de la MUD, mantienen inhabilitados a algunos de los principales líderes de la oposición y a otros los encarcelaron o desterraron. A la Asamblea Nacional la condenaron al purgatorio. Más importancia posee el portero de Miraflores que el Presidente del principal foro político nacional. En contrapartida, aspiran a que la oposición se subordine a la constituyente y salga presurosa a exigir el levantamiento de las sanciones contra los funcionarios que han sido acusados de violar los derechos humanos, decisión absolutamente soberana tomada por numerosos países, entre ellos los de la Unión Europea, fundamentada en los informes de sus embajadas en Venezuela y en la imágenes registradas por los corresponsales y fotógrafos que han cubierto las protestas en el país.