MARINO ALVARADO BETANCOURT:
De unas madres a la ministra Iris Valera

La semana pasada, cuando me encontraba en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, al salir de una entrevista en una televisora regional me esperaba un grupo de mujeres. Eran madres, esposas y hermanas de familiares de personas presas en las cárceles  David Viloria -mejor conocida como Cárcel de Uribana- y de la Comunidad Penitenciaria de Fénix. Me solicitaron les ayudara a difundir una comunicación que dirigieron a la ministra Iris Valera, pero no sabían si le había llegado.
En un lenguaje sencillo y escrito entre lágrimas por mujeres que sufren a diario la grave crisis penitenciaria de Venezuela, me permito transcribir algunos párrafos:
“Queremos que nos ayuden, son nuestros hijos(as) que están ahí; no queremos más muertes, ni motines en nuestras cárceles, sólo pedimos respeto y que se respeten sus derechos humanos. Estamos de acuerdo con el régimen, pero queremos que cesen los maltratos por parte de los funcionarios y funcionarias, también de la directiva”.
Los familiares indican  que solo se está permitiendo la visita de madres y abuelas, prohibiendo de manera inconstitucional e inhumana que puedan ingresar a la visita padres, hijos,  hermanas, tías, primos. A esto es lo que la ministra denomina humanización. Aislar a las presas y presos de su familia. Medidas como ésta deben contar con un absoluto rechazo. Hasta dónde la Defensoría del Pueblo tolera situaciones como ésta, pues las madres están cansadas de pedir la intervención de esta institución que por mandato debe defender al pueblo y no coadyuvar con las arbitrariedades del gobierno.
En otra parte de la comunicación puede leerse: “Pedimos que los tribunales trabajen, no tanto retardo procesal; pedimos por los privados y privadas de libertad que están con enfermedades crónicas, les den ayuda humanitaria ya que con la situación del país no se encuentran los medicamentos. Todo privado y privada de libertad tiene derecho a la educación, deporte y alimentación, derecho a la vida. Pedimos ayuda para nuestros hijos”.
En el texto se solicita la destitución de varias funcionarias y funcionarios cuyos nombres preferimos no publicar, pero que si la ministra recibiera a los familiares pudiera conocer en detalle los motivos por los cuales solicitan que esas personas sean sancionadas.
Me informaron de la mala alimentación que reciben los detenidos, de los malos tratos a los cuales son sometidos por parte de funcionarios militares y civiles, del cobro que realizan para permitir ingresar medicamentos y la comida. Uno de los problemas que más angustia a las madres son los traslados de los presos y presas a lugares muy remotos. Algunos han sido trasladados desde Uribana a la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar. Medidas arbitrarias que atentan contra el debido proceso ya que retarda considerablemente los traslados a tribunales y afecta a los familiares más pobres que no tienen recursos económicos para trasladarse a visitar a sus familiares.
Con todo este panorama no hay duda que no existe ninguna política para humanizar el sistema carcelario. El discurso y propaganda del Ministerio de Asuntos Penitenciarios y de la ministra a cargo, contrasta totalmente con la realidad. Hay una grave, sistemática y prolongada violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y sus familiares.