JOSÉ PÉREZ:
Quinientas empresas corruptas en la Faja del Orinoco

La indolencia manifiesta hacia los llamados pueblos del sur del estado Anzoátegui (que no los pueblos del sur del estado Mérida, reconocidos topográficamente así) deviene desde la Cuarta República, quizás porque fue zona de paso de los libertadores hacia Angostura y porque también la guerrilla de los sesenta y setenta solía internarse en sus parajes, tomándolos como ruta de paso hacia Monagas, Sucre o Guárico. La vialidad hacia Santa Clara y Zuata, por ejemplo, demuestra una deplorable condición de abandono, de ruptura y de falta de asistencia municipal. El tráfico pesado de la industria petrolera destrozó estas vías, que hasta finales de los noventa permanecían impecables, aunque entonces faltaba la luz eléctrica, el transporte interurbano, el servicio de gas doméstico, el agua potable, los centros ambulatorios (sólo habían dispensarios), escuelas, liceos y la comunicación telefónica. Sólo había servicio de telégrafo y radio frecuencia de policía para notificar las emergencias y urgencias familiares. Por eso la explotación desmedida de la Faja Petrolífera del Orinoco supuso una enorme expectativa para las comunidades rurales, campesinas, tradicionalmente sostenidas de la tala y la quema (el conuco), el trapiche, la cría de ganado y aves domésticas, proporcionándose lo básico del sustento: la carne, la leche, el queso, los huevos, casabe, arroz, maíz, frijol, yuca, batata, topochos, ñame, auyama y frutas.
El petróleo no benefició al agricultor, al contrario, lo diezmó, lo desapareció de su medio natural, lo sustrajo de su tierra, lo invadió y le implantó a sus comunidades los vicios del alcoholismo, las drogas, el tabaquismo, las enfermedades venéreas, las traiciones de parejas, el vandalismo, la corrupción y la amoralidad, mediante los golpes bajos, así como  la falta de lealtad y humildad que fueron herencia de nuestros abuelos y demás antepasados, cuando la amistad, la palabra y la honra eran preciados capitales del ser humano. El caos sustituyó toda tradición. El sector La Antena en San Diego de Cabrutica constituye la expresión más patética de todos esos antivalores de reciente data. Muchos nativos emigraron, junto a sus hijos, hacia Pariaguán, El Tigre, Puerto La Cruz y Ciudad Bolívar, acosados por la delincuencia y la ola de crímenes entre pandilleros que acabaron con los bienes y la paz de la gente local. Por otro lado, toda suerte de chácharos se beneficiaron y se benefician haciendo negocios fraudulentos con la empresa petrolera. Esto abarca desde la venta de reportes hasta empresas de maletín, comisiones por contratos y negocios sucios entre los gobernantes y los ladrones de cuello blanco. De ahí que no sorprende que el gobierno nacional investigue la corrupción campante en todos estos municipios (Simón Rodríguez, Francisco de Miranda y José Gregorio Monagas, entre otros), bajo la presunción de que aproximadamente quinientas empresas han incurrido en hechos dolosos. Si suponemos que en cada empresa intervienen no menos de cinco personas que ejecutan esa acción corruptiva (alcaldesas o alcaldes, gerentes o supervisores de Pdvsa, contratistas y sindicato, militares y civiles), supondría que hay que meter tras las rejas a no menos de 2.500 personas vagabundas y sinvergüenzas, y no sólo a tres chivitos y una chivita que aparentemente están detenidos en Mapire. Finalmente, el actual cuadro de miseria y abandono de estos pueblos causa no sólo pesar y tristeza sino impotencia y malestar por la ignominia de sus gobernantes.