CARACAS. La directora del Comité de Familiares de las Víctimas de la Violencia (Cofavic), Liliana Ortega, acotó que ese organismo contabiliza 9.563 casos entre los años 2012 y 2018, de los cuales 3.684 ocurrieron entre 2017 y 2018. Asimismo, consiguió que 29% de estas ejecuciones ocurrieron a manos de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). De ese porcentaje, el 69% se han dado en operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
La gran mayoría de las víctimas (80% de los casos) son jóvenes morenos, menores de 25 años, habitantes de sectores populares. Igualmente, las mujeres (madres, esposas, hermanas) son las víctimas indirectas, quienes se quedan enfrentando los efectos múltiples de la impunidad o las represalias de que les hayan asesinado a su familiar.
La afirmación la hizo Ortega durante la presentación del Manual de Cobertura de la Violencia, texto creado por el observatorio Monitor de Víctimas como contribución a los periodistas venezolanos en la cobertura de la fuente policial, tomando en cuenta es uno de los países más violentos del mundo.
Al respecto, Ronna Rísquez, directora de Monitor de Víctimas, señaló que la idea de buscar alternativas ante los dilemas periodísticos al momento de publicar noticias que hablen de violencia, siempre respetando los derechos humanos y buscando mecanismos que no generen más violencia a través las publicaciones en los medios.
Destacó que el Manual establece unos parámetros con el objetivo de evitar la deshumanización de la víctima, y recuerda que los periodistas son un actor más en la ecuación de la violencia, cuyo rol es informar la verdad y mostrar los hechos con todos sus elementos.
Seguridad militarizada
En el marco de la presentación del manual, la socióloga Verónica Zubillaga aseguró que “nunca había visto la cantidad de armas que se ven hoy en Venezuela. Hoy vemos granadas. Eso forma parte de la escalada de violencia. Cada año, en el país la policía mata cuatro mil personas”.
Zubillaga explicó que la militarización de la seguridad comenzó en 2010 con el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise), en 2013 continuó con el Plan Patria Segura y en 2015 con el Operativo de Liberación del Pueblo (OLP). La especialista detalló que en 2010, con el Dibise, comenzaron las encarcelaciones masivas de jóvenes pobres, pero pasaron en 2015 a lo que ellos denominan “matanza sistemática” con los operativos de las OLP en zonas populares.
En 2017, Venezuela superó la tasa de homicidios de El Salvador y lo desplazó como el país más violento de la región.
Para Leonard Gómez, director de investigación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y exfuncionario de la Policía Metropolitana, “el tema de la seguridad va más allá de crear planes de seguridad represivos, sino de tratar a la familia, la escuela, de crear planes dentro de la sociedad de prevención de delitos”.
A juicio de Gómez, las policías han tomado la vía de la represión a pesar de que su formación es humanista. “Los habitantes sienten terror cuando los cuerpos policiales llegan a sus comunidades”, afirma y sostiene que “la represión no soluciona el problema delictivo”.
OLP y FAES tienen los mismos patrones
La periodista Lorena Meléndez, especialista en el tema, recuerda que para el ejercicio del periodismo no hay que quedarse solo con la versión oficial, sino que se debe buscar los testimonios de los afectados. Contó que en su experiencia en cobertura de sucesos ha encontrado patrones que se repiten en los operativos de las OLP, y que ahora se ven de nuevo en los despliegues de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Algunas similitudes entre los operativos de la OLP y de las FAES son: los asesinatos son contra personas comunes en zonas populares que muchas veces no han terminado el bachillerato, los funcionarios roban las casas de las víctimas, y la mayoría de los asesinados son jóvenes menores de 25 años.
Para Román Camacho, periodista de la fuente de sucesos, “en Venezuela existe una guerra” y la gran dificultad del periodista se encuentra en “mantener el equilibrio entre la reacción de la comunidad y las fuentes policiales”.
Fuente: Tal Cual