CARACAS. Desde el año 2014 numerosas organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia, gremios y voces calificadas en esferas diversas, han venido alertando sobre lo que hoy se ha materializado y convertido en una cruda realidad en Venezuela: la emergencia humanitaria compleja (EHC).

El preocupante colapso de las capacidades del Estado en la prestación de servicios, incluyendo el derrumbe del sistema público de salud, ha tenido un impacto devastador en la promoción, protección y garantía de derechos fundamentales y, consecuentemente, en la calidad de vida de la población venezolana. Además, la realidad ha venido demostrando que estas condiciones de pobreza tienen un efecto diferenciado en las mujeres y niñas, las cuales representan el 49,88% de la población venezolana.

En Venezuela, observamos un proceso silente de feminización de la pobreza, asociada a abiertas desigualdades en cuanto al ingreso y calidad del empleo, responsabilidades en el cuidado de las familias y compromisos en la dinámica cotidiana. Lo cual ha incidido en uno de los fenómenos de mayor preocupación internacional, como ha sido la crisis de movilidad humana venezolana.

Bajo este contexto, se hace necesario recordar que en países como Venezuela, donde las mujeres enfrentan serias barreras de acceso a sus derechos más básicos como lo son alimentación, salud, educación, justicia, entre otras, estas son la causa en general de las principales condiciones de vulnerabilidad a las que se expone a las mujeres y niñas que se suman a los flujos de movilidad humana venezolana en la región y en el mundo.

Lo anterior se traduce en factores de riesgo, los cuales se manifiestan en las formas de violencia y explotación que sufren las mujeres y niñas en contextos migratorios, al ser posibles víctimas de trata y otras prácticas análogas a la esclavitud, explotación sexual o prostitución forzada, tanto por la necesidad de supervivencia como por el aprovechamiento que hacen las redes de tratantes y explotación de dicha situación agravada de vulnerabilidad.

Para ello, se hace fundamental comprender que este fenómeno, crisis movilidad humana, no debe solo ser abordado desde sus consecuencias, sino que hay que tener en cuenta sus causas y raíces, así como los factores de riesgo y vulnerabilidad, donde la discriminación de jure y de facto por razones de género a la que se ven expuestas las mujeres y niñas en los países de origen son la base de esta problemática.

De acuerdo con un estudio sobre trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna en Venezuela se evidencia la debilidad institucional, la inexistencia de estadísticas y en general, la ausencia de una política pública en el país para abordar el tema, ha estado directamente vinculado con el incremento en el índice de violencia y delitos asociados al crimen organizado. Recordando que según el Índice de Esclavitud Global de la Walk Free Foundation, para 2016 Venezuela ya calificaba entre los primeros 20 países a nivel mundial que presentan mayor incidencia de esta problemática.

Asimismo, se hace necesario señalar que situaciones como la irregularidad y la ausencia de documentos migratorios es el primer gran factor de riesgo que lleva a las mujeres venezolanas a la clandestinidad en la ruta migratoria, quedando invisibles y a merced de las redes de tráfico y crimen organizado. De esta manera el tránsito se convierte en una de las etapas más críticas en la ruta de movilidad para las mujeres, pues se enfrentan a una mayor desprotección.

Para un mayor entendimiento de las dimensiones de la movilidad humana y su impacto diferenciado en mujeres y niñas venezolanas, se hace necesario partir de dos premisas:

1. La situación de los derechos de las mujeres y niñas en Venezuela no puede ser vista de manera aislada ni desconectada del contexto de EHC y

2. Se requiere un análisis con visión de género en los estudios de movilidad humana, lo cual involucra comprender los cambios ocurridos en las relaciones de poder o en los roles tradicionales, y el aumento en la presencia y características de los movimientos migratorios de las mujeres, así como el protagonismo de ellas en el proceso de movilidad.

En este sentido, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) junto a las demás organizaciones integrantes de la coalición Equivalencias en Acción, conformada por el Centro Hispanoamericano para la Mujeres (Freya), la Asociación venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) y la asociación civil Mujeres en Línea, elaboramos un estudio de la “Situación de la Movilidad Humana de las mujeres y niñas venezolanas con enfoque diferencial y de género”, realizado con el objetivo de reconocer los factores de riesgo y vulnerabilidades experimentados por las mujeres venezolanas migrantes.

En este estudio pudimos presentar los hallazgos de las 605 encuestas realizadas a mujeres que estaban iniciando su proceso migratorio por vía terrestre en la ciudad de Caracas y de San Antonio de Ureña, Estado Táchira, Venezuela, con el fin de poder mostrar las condiciones de estas mujeres y la interrelación que existen en contextos de movilidad humana y situaciones de graves violaciones de derechos humanos o crisis humanitarias. A partir de los datos obtenidos se puede delinear un perfil de las mujeres que se movilizan desde Venezuela a países de la región.

Entre los datos recolectados pudimos evidenciar cómo la ECH tiene un impacto diferenciado en ellas al empujarlas a ser parte esta crisis de movilidad humana venezolana. Lo primero que pudimos registrar fue que las mujeres que migran actualmente son jóvenes y con un nivel de estudio básico, en su mayoría solteras y un porcentaje importante con hijos ya que 20,3% registró tener solo un hijo, el 25,5% dos, el 12,4% tres, el 5,6% cuatro y el 2,3% restante más de 5 hijas o hijos.

En relación a sus condiciones sociales y económicas antes del inicio del viaje muestran una vulneración de los derechos humanos fundamentales como seguridad alimentaria, acceso a la salud y derechos sexuales y reproductivos. Ejemplo de ello, el 91,24% de mujeres manifestaron que han tenido que dejar de comer más de 10 veces al mes una de las comidas del día por falta de recursos. Asimismo, solo el 56,04% indicó que su último chequeo ginecológico se realizó hace un año o más donde el 30% reportó no tener acceso a ningún método anticonceptivo, 25% reporto estar esterilizadas, el 21% usar preservativos, 15% pastillas y 9% otros métodos.

Por otra parte, se identificó las condiciones que atraviesan durante el viaje. En primer lugar, el 39,9% de las que tienen hijos indicó que realizaría el viaje con ellos, mientras el 48,3% señaló haber dejado a sus hijos en Venezuela, dando a conocer que previo al viaje el 60,83% tuvieron un tiempo de preparación e investigación del país de destino, mientras que el 33,55% lo hizo sobre sobre los trámites migratorios.

Aunado a ello se encuestó sobre el tiempo en que pueden sostenerse con el dinero que llevan, se registró que el 33,06% podría cubrir su estancia por una semana, el 21,65% tendrían para vivir por un mes, señalando que el 38,84% de las mujeres cuenta con amistades presentes en el país a su llegada, el 33,72% tiene un familiar en el país de destino implicando una posible reducción de gastos como redes de apoyo para su mayor integridad.

Por tanto, a través de esta data recogida, se constata cómo el fenómeno de la movilidad humana puede afectar en varios niveles a las mujeres, desde lo micro como es la integración con las comunidades donde hace vida, hasta en el acceso de sus derechos como los servicios básicos.

Estas mujeres inician la ruta migratoria en condiciones de gran vulnerabilidad y riesgo. Viajan solas, con escasos recursos económicos y con un nivel de preparación muy precario, encontrándose con pocas redes de apoyo y grupos organizados en los países de acogida. Por lo que las condiciones de tránsito y llegado son de riesgo: no tener residencia al llegar, no tener conocido que la reciba o no contar con el dinero, pudiendo ser fijadas como posibles víctimas de abuso y explotación, ya que el caos y la ruptura de los sistemas de protección significan que los infractores pueden abusar con impunidad.

Por ello es fundamental abordar esta realidad con un enfoque de derechos humanos y de género, que incluya una política específica de atención a mujeres y niñas migrantes, teniendo en cuenta las vulnerabilidades y riesgos específicos que enfrentan.

Asimismo, entender lo valioso que resulta implementar algunas líneas de acción que son importantes tales como: atención y protección en el proceso de movilidad, integración en la comunidad de acogida, acompañamiento psicoemocional en el proceso de adaptación al país de acogida e integración socioemocional.

Como organización de la sociedad civil venezolana, reiteramos nuestro llamado a una respuesta regional que aporte soluciones a las necesidades de la mujeres migrantes y refugiadas venezolanas, especialmente programas que brinden información y apoyo para la adaptación en los países de acogida.

Aprovechamos de señalar nuestra preocupación por las restricciones de ingreso adoptadas en Perú y Chile para personas venezolanas migrantes y refugiadas en el mes de junio, ya que estos requisitos migratorios, lejos de ser una medida humanitaria, se transforman en una barrera infranqueable para el ingreso de una población en necesidad de protección internacional.

Sumándose a una conducta restrictiva que otros países han venido aplicando a la movilidad humana venezolana desde años anteriores.

En este sentido, es importante que los Estados, en vez de abordar la crisis de movilidad humana desde un enfoque restrictivo, atiendan al llamado de las organizaciones y órganos de protección a permitir el acceso al territorio y garantizar el goce a los mecanismos de asilo, así como la posibilidad de que los Estados lleven a cabo el reconocimiento de la condición de refugiado para personas venezolanas por medio de determinaciones grupales.

 

Fuente: https://informe21.com