El exmandatario derechista de 67 años enfrenta una investigación por manipulación de testigos en su calidad de senador, que podría llevarlo a juicio por dos delitos relacionados (soborno y fraude procesal) y que son castigados con unos ocho años de cárcel. Además tiene más de medio centenar de procesos abiertos por diferentes delitos, en su mayoría por supuestos vínculos con paramilitares y complicidad con masacres, pero irá a indagatoria por uno que puede ser considerado el menos grave de todos.
En agosto de 2011, el senador Iván Cepeda, del centroizquierdista Polo Democrático Alternativo, sostuvo un encuentro en la cárcel con el exparamilitar Pablo Hernán Sierra García, alias 'Alberto Guerrero', y con varios exparamilitares más, como parte de su labor en la vicepresidencia de la comisión de Derechos Humanos y miembro de la Comisión de Paz. Los exparamilitares le aseveraron que el fundador del derechista Centro Democrático había propiciado la existencia de un bloque narcoparamilitar en los años 90.
A partir de 2012, se inició una batalla legal entre ambos, que se señalaban mutuamente de realizar compras de testigos para perjudicar al otro.
El principal testigo en el caso contra Uribe es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve actualmente en la cárcel, quien le dijo a el senador Ivan Cepeda, del centroizquierdista Polo Democrático Alternativo, en una entrevista, grabada por el senador en 2013, que en la finca “Guacharacas”, propiedad de la familia Uribe, se habría formado un grupo paramilitar. La familia de Monsalve trabajaba en esa hacienda y por eso, él afirmaba conocer de primera mano los hechos.
En un debate que Cepeda hizo a Uribe en el Congreso el 17 de septiembre de 2014, acusó al expresidente de tener vínculos con grupos paramilitares y con narcotraficantes, por lo que Uribe decidió procesarlo.
La Sala de Instrucción II de la Sala de Casación Penal de la máxima corte, tras años de idas y venidas, anunció el 24 de julio de 2018 que el caso fue retomado y tuvo un giro cuando la Corte Suprema decidió que paralizaba la investigación contra Cepeda y que abría una contra Uribe por presuntamente haber cometido delitos de soborno y fraude procesal tras haber obtenido las pruebas suficientes para investigar a Uribe, motivada por las denuncias del senador Cepeda, los testimonios de testigos claves y las conversaciones interceptadas a un grupo de sus conocidos.
El pasado 16 de agosto de 2019, la Corte fijó el 8 de octubre, a las 8:00 de la mañana (hora local) como fecha para la indagatoria a Uribe. Tras esta cita, los magistrados tienen por lo menos diez días para determinar si siguen con la investigación o si archivan el caso.
Uribe, cuya figura divide a los colombianos, tiene más de medio centenar de procesos abiertos por diferentes delitos, en su mayoría por supuestos vínculos con paramilitares y complicidad con masacres, pero irá a indagatoria por uno que puede ser considerado el menos grave de todos.
El expresidente deberá responder por los delitos de soborno y fraude procesal, por presuntamente haber manipulado testigos para que se retracten de declaraciones en contra de él y su supuesta relación con el paramilitarismo. La Corte contemplará si continúa en libertad o si es enviado a la cárcel.
Vélez se convirtió en el primer expresidente de Colombia en ser citado a indagatoria por el Tribunal de Justicia. Una decisión de la Corte que tiene 10 días después de la audiencia para proferir una sentencia, podría cambiar no solo la situación jurídica del senador sino el panorama político de este año electoral.
El expresidente deberá responder por los delitos de soborno y fraude procesal, por presuntamente haber manipulado testigos para que se retracten de declaraciones en contra de él y su supuesta relación con el paramilitarismo. La Corte contemplará si continúa en libertad o si es enviado a la cárcel.